El gobierno de Javier Milei encendió la polémica al anunciar que podría aplicar la Ley Antimonopolio para bloquear la venta de la filial argentina de Telefónica al Grupo Clarín, un acuerdo valorado en más de $500 millones. La operación, que concentraría el 70% del mercado de telecomunicaciones y medios en un solo conglomerado, enfrenta ahora un escrutinio sin precedentes
Fuentes oficiales confirmaron que la Secretaría de Competencia analiza si la transacción vulnera los límites de concentración de mercado establecidos en la ley. «No permitiremos que se repitan los errores del pasado. La libre competencia es sagrada», declaró Milei en un mensaje televisado. Sin embargo, críticos señalan que la medida podría responder a tensiones entre el Ejecutivo y el Grupo Clarín, históricamente crítico con su gestión.
El acuerdo, negociado en secreto durante meses, incluye la transferencia de activos clave como fibra óptica, licencias de radiofrecuencia y plataformas de streaming. Ana López, analista económica, advierte: «Si se aprueba, nacería un gigante capaz de controlar precios y contenidos. Es un riesgo para la diversidad».
Desde el Grupo Clarín, calificaron la intervención gubernamental como «arbitraria» y aseguraron que cumplieron con todos los requisitos legales. Telefónica, por su parte, busca desprenderse de su filial argentina para reducir deudas globales. El conflicto llega en un momento delicado: Argentina enfrenta una inflación del 200% anual y necesita inversiones extranjeras.
Mientras tribunales y lobbies se preparan para una batalla legal, sectores sociales exigen transparencia. «¿Es esto defensa de la competencia o una cortina de humo?», cuestiona Martín Rojas, abogado especializado en derecho mediático. La respuesta podría redefinir el mapa de poder en la era digital argentina.
