El gobierno de Panamá ha iniciado conversaciones con la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y grupos ambientalistas para diseñar un nuevo marco legal que permita reactivar la controvertida mina de cobre Cobre Panamá, cerrada desde noviembre de 2023 tras masivas protestas y un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su contrato. Según fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias, se evalúan opciones que incluyen mayor participación estatal, auditorías ambientales independientes y compensaciones a comunidades indígenas, en un intento por equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad.
Detalles de las nuevas propuestas
El plan, discutido en una reunión técnica el 26 de febrero de 2025, contempla:
- Nuevo esquema fiscal: Aumentar la regalía del 2% al 12-15% sobre las ganancias brutas, con fondos destinados a programas sociales y mitigación ambiental.
- Control estatal en la operación: Crear una empresa mixta donde el Estado panameño tenga al menos 30% de las acciones, modelo similar al de Chile con Codelco.
- Moratoria minera en áreas sensibles: Prohibir nuevas concesiones en la Comarca Ngäbe-Buglé y corredores biológicos cercanos al proyecto.
Jorge Rivera Staff, ministro de Ambiente, declaró: “No habrá reactivación sin garantías de cero daño a cuencas hídricas. Estamos revisando tecnologías como desalinización de agua para reducir el uso de ríos”.
Impacto económico y presiones internacionales
El cierre de Cobre Panamá, que aportaba el 3,5% del PIB nacional y 40.000 empleos, ha dejado un vacío en las finanzas públicas. Según el Banco Mundial, Panamá perderá USD 2.000 millones en exportaciones en 2025 si la mina no reabre. Mientras, FQM, que invirtió USD 10.000 millones en el proyecto, exige compensaciones y amenaza con demandar al Estado ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Reacciones de comunidades y ambientalistas
La Alianza Pueblo Unido por la Tierra, que lideró las protestas de 2023, exige una consulta popular vinculante antes de cualquier decisión. “No nos oponemos al desarrollo, pero no a costa de nuestra agua y cultura”, afirmó Luis Sánchez, dirigente ngäbe.
Por otro lado, gremios empresariales presionan para retomar la operación. Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, advirtió: “Sin la mina, el crecimiento caerá al 2% y habrá despidos masivos”.
¿Qué sigue? Un camino lleno de obstáculos
El gobierno prevé presentar una propuesta formal en abril, tras recibir informes de:
- Comisión científica internacional: Evaluará el impacto real de la mina en la biodiversidad del área.
- ONU Derechos Humanos: Verificará si se respetaron protocolos de consulta indígena.
Mientras, FQM negocia en paralelo la venta parcial del proyecto a consorcios asiáticos, según fuentes de Bloomberg.
