El Departamento de Estado de EE.UU. implementará una nueva política de visas dirigida a funcionarios públicos de otros países que, según Washington, colaboren con redes de tráfico de personas o no combatan eficazmente la migración irregular. La medida, anunciada este 27 de febrero de 2025 por el secretario de Estado, Antony Blinken, prohibirá la entrada a EE.UU. a gobernantes, policías, jueces y otros empleados públicos involucrados en actividades que “socaven los esfuerzos para reducir la migración ilegal”.
Alcance de la política: ¿A quiénes afecta?
La disposición, amparada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), aplicará inicialmente a funcionarios de:
- México, Guatemala, Honduras y El Salvador: Países con altos flujos migratorios hacia EE.UU.
- Venezuela, Cuba y Nicaragua: Naciones bajo sanciones previas por crisis políticas y migratorias.
- Colombia y Panamá: Por su rol como corredores del tráfico de personas hacia Norteamérica.
Según Blinken, la lista se actualizará mensualmente. “No habrá excepciones. Quienes luchen contra el tráfico de migrantes tendrán nuestro apoyo; quienes lo permitan, consecuencias”, declaró.
Casos emblemáticos y sanciones
Fuentes del Departamento de Estado citaron ejemplos que justifican la medida:
- Jueces en Guatemala que liberan a traficantes capturados.
- Agentes fronterizos en México que aceptan sobornos para ignorar camiones con migrantes.
- Funcionarios en Honduras vinculados a redes de “coyotes” que explotan a menores no acompañados.
Además de la cancelación de visas, EE.UU. congelará activos financieros en su jurisdicción y vetará contratos con empresas vinculadas a los sancionados.
Reacciones internacionales
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó la medida de “injerencista”, mientras Xiomara Castro, presidenta de Honduras, exigió “respeto a la soberanía”. En contraste, Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, respaldó la política: “Coincidimos en combatir el tráfico ilegal”.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, advirtieron que la medida podría usarse para presionar a países que rechazan acuerdos de deportación masiva.
Impacto en las relaciones diplomáticas
Analistas señalan que la política complicará la cooperación bilateral en seguridad. “Es un arma de doble filo. Algunos gobiernos dejarán de compartir inteligencia por temor a sanciones”, explicó Laura Richardson, excomandante del Comando Sur de EE.UU.
No obstante, la Casa Blanca insiste en que la medida busca proteger su frontera sur, tras registrar 2.8 millones de encuentros con migrantes irregulares en 2024.
